Revista Internacional de Derecho de la Comunicación y de las Nuevas Tecnologías. ISSN: 1988‐2629

Call for Papers  2020: envíos hasta 30 de noviembre 2019 (número marzo 2020) / envíos hasta 20 de abril 2020 (número septiembre 2020)

A nuestros lectores, un saludo, como es habitual, tras las vacaciones, merecidas, de verano. El equipo que habitualmente trabaja en la Revista ha acordado que ha llegado el momento de modificar, ligeramente, el nombre de nuestra publicación. En efecto, son muchos, muchísimos, los artículos que se reciben en la Redacción relativos a todas las manifestaciones de las nuevas tecnologías y sus efectos sobre el Derecho, en cualquier dimensión: la jurisprudencia, las normas, la doctrina de los autores. En adelante la revista que mantiene su acrónimo se calificará en el logo como “La Revista del Derecho de la Comunicación y de las Nuevas Tecnologías”. De esta manera pasamos a acoger, no sólo de hecho, sino también de derecho, a todos los autores y sus obras que, ocupándose de las nuevas tecnologías, logran aplicar una perspectiva formal iusinformativa o se ocupan, sustantivamente, por algún motivo, o con algún enfoque, del derecho a la información o de la libertad de expresión. Gracias a todos los que ya han confiado en nosotros y han enviado sus avanzados trabajos.

 

Continuando con nuestra vocación internacionalizadora, que en esta ocasión supone el 40 por ciento de las aportaciones,  recibimos y publicamos un trabajo del Profesor Vega-Lozada, de Puerto Rico, sobre un fenómeno muy extendido, y muy desagradable, por cierto, además de injusto para quien lo sufre: la pornovenganza. Por su parte, el abogado Rubén Rodríguez Abril aborda una cuestión inquietante, como es la de la seguridad jurídica en internet, en su artículo sobre la fe criptográfica. No muy lejos de este tema, el también abogado Dr. Gilo Gómez se centra en el papel de las nuevas tecnologías en los concursos de acreedores. A pesar de que el tema es claramente mercantil, la presencia de Internet como medio trae el asunto a nuestra publicación y a nuestro temario habitual pues también los grandes grupos de comunicación pueden verse afectados por los dos fenómenos que el autor estudia: las nuevas tecnologías y el concurso de acreedores. A su vez, la Profesora Salvador Benítez se ocupa de los avisos legales en Internet: su dimensión y su trascendencia. Luca Giacomelli realiza un profundo repaso sobre la sociedad de la vigilancia, potenciadísima por las nuevas tecnologías, y la perspectiva de género que opera también sobre la norma. Y, finalmente, Monika Kwiatkowska profundiza en los contratos de tratamiento de datos personales. 

 

El otro fenómeno contemporáneo que ocupa cada vez a más autores es el de la transparencia, asociada a la rendición de cuentas, a la participación y al gobierno abierto. Sobre este tema, aunque con diferentes preocupaciones, escriben  Monserrat Olivos Fuentes y Mariana Herrera Capriz; Monserrat Olivos la lleva a los municipios mejicanos y, por su parte,  Mariana Herrera analiza la naturaleza de la transparencia, dándole un enfoque ético-jurídico, en tanto que valor.

 

En último lugar, Elisa Gutiérrez García realiza un estudio fundamental o de base sobre el Derecho y la Cinematografía. Los temas audiovisuales no nos abandonan.

 

Dejamos una vez más estas aportaciones académicas, fruto en alguno de los casos de proyectos de investigación, en manos de nuestros lectores, para que las juzguen y las compartan.

 

Monika Kwiatkowska

Ping Identity Corporation

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Summary

Putting in place a data processing agreement between a data controller and a data processor (or a data processor and a data sub-processor) is a requirement for data processed within the scope of GDPR. This document, which is a proper contract between the two parties, aims to ensure that everyone involved is handling personal data in accordance with GDPR's stipulations and in line with the rules pre-established by the parties. Most importantly, it lays down requirements for data processors to meet before they are trusted with the data provided by the data controller. Both data controller and processor are, however, often driven by divergent interests when establishing such document. Main challenges are the ones relating to: responsibility for determining the scope and types of data processed; obligations to assist and cooperate; liability for implementation of adequate security measures and for security incidents; exercising data subjects' rights; questions relating to data residency and international data transfers; use of sub-processors; timeframe for notification obligations, etc. 

The paper is a practical perspective on how these different issues are addressed by the business and what arguments can be raised by each party when discussing various aspects of the data processing.

 

© Monika Zwolinska.

University of Nice-Sophia (Francia).

 

Summary

We present in this contribution the disparities that exist between the European and American approaches to protecting personal data. Those two legal traditions are very different from  each other. That is a barrier to establishing secure and effective systems of transferring personal data between the two continents. Elaborating a common ground for those transfers is an essential step in developing commercial cooperation.  One of the key criticisms of the current international regime is its failure to meet needs of today’s global business environment. The question we will ask is whether it is possible to reach an agreement on the strategic issue of cross-border data transfers in the light of the American large conception of freedom to do business and to keep the governmental intervention as rare as possible, on the one hand, and the European high standards and adequacy requirements applicable to data confidentiality, security and integrity.

 

 

 

 

El número 19 de la revista www.derecom.com se publica coincidiendo con el inicio del curso académico 2015-2016. En esta ocasión, como ha sucedido en los últimos números, la preocupación de nuestros autores vuelve a centrarse en el ámbito audiovisual. A las tres aportaciones sobre diferentes aspectos de la televisión se suman dos artículos relativos al medio cinematográfico; por un lado, Ana Azurmendi reflexiona sobre la televisión de proximidad a cuyo terreno lleva conceptos como transparencia, gobernanza y participación, completamente de moda en la arena política, en las conversaciones y en los propios medios de comunicación. Por otro lado, Gloria Hoyos centra su preocupación en la dimensión cultural de la televisión pública. Y, por su parte, Laura Cázares reflexiona sobre la violencia en la programación televisiva mejicana.


La justicia y el cine, o la forma en que el cine ha reflejado la forma de impartir justicia, son estudiados por Juan García Crego y Virginia Álvarez-Buylla Naharro. A su vez, Concha Calvo vuelve sobre la nacionalidad y la calificación de las obras cinematográficas. Mientras que el trabajo de García Crego y de Álvarez-Buylla inciden en aspectos sustantivos de la cinematografía, el artículo de Calvo se centra en la faceta procedimental.

 

La reflexión de Tomás Atarama y Katherin Caman sobre el Derecho de la Comunicación es el ejemplo de estudio que agrada a esta Redacción pues revela, una y otra vez, que la Ciencia del Derecho de la Información no deja de crecer y de consolidarse, adquiriendo un carácter de transversalidad que se manifiesta en el resto de las colaboraciones publicadas en este número, cuyo carácter no es fundamental, al revés de lo que sucede con el trabajo de Atarama y Caman, sino específico. En cualquier caso, también el artículo de Atarama y Caman se centra en el ámbito cinematográfico al que aplica la perspectiva formal del derecho a la información.


Es llamativo que más de la mitad de los artículos publicados en esta ocasión ponga de manifiesto que el audiovisual sigue siendo objeto predominante de interés para los autores, incluso fuera del ámbito electrónico.


El resto de nuestros autores aborda preocupaciones sociales en las que el derecho a la información ocupa un papel relevante. Es el caso de Ian Pimentel, cuando analiza la constitucionalidad del derecho a la salud en Brasil y repara en el interés e importancia del derecho a la información del paciente. Lo mismo sucede con Alfonso Tello, Arely Millán y Carmina Elvira, al resaltar el papel estelar del derecho a la información en el marco de un estudio ecológico.


Por su parte, Juan Carlos Riofrío se centra, siguiendo con una línea de investigación de larga data, en su caso, en el secreto, una institución de máxima actualidad en un contexto de sociedades democráticas que se quieren cada vez más transparentes, paradógicamente. Y Monika Zwolinska presenta su reflexión sobre la transferencia internacional de datos, otro tema, sin duda, relevante, cuando la propia Unión Europea tiene entre manos el nuevo Reglamento de Protección de Datos Personales.


Los lectores verán que este número contiene un artículo escrito en portugués y otro, en inglés. Esto será cada vez más frecuente, como consecuencia del proceso de internacionalización de nuestra revista. Es imposible, a estas alturas, cerrarse al pensamiento que llega de otras latitudes y en lenguas con un grado de dificultad menor para el lector español cualificado.


Aunque este número no inaugura, formalmente, una Nueva Época, a diferencia de lo que sí sucedió en 2009, los lectores advertirán que el formato ha variado, mejorando, y que ya puede leerse la revista desde dispositivos móviles. Los artículos son ahora más homogéneos y esta homogeneidad formal irá en aumento en los próximos números. Datos identificativos de cada artículo y de sus autores han sido incorporados a la primera página de todos los trabajos, siguiendo las indicaciones de las Bases de Datos Científicas Internacionales.


También nosotros nos sumamos, a partir de este número, a la corriente que busca un mayor grado de transparencia en su actividad y en los resultados de esa actividad. Esperamos de esta manera mejorar la calidad de nuestro producto final y atraer el interés de un número cada vez más amplio de estudiosos, de curiosos y de lectores para los que el derecho a la información sea, por fin, una ambición legítima y un reto común que nos permita crecer personal y socialmente.


Finalmente, en la medida en que aspiramos a alcanzar los estándares más elevados de calidad y compromiso comunitario, también exigidos por las Bases de Datos y Sistemas de Evaluación de Publicaciones Científicas Periódicas, hacemos notar que 8 de los 15 autores que participan en este número son mujeres; 9 de los 15 autores son extranjeros y, finalmente, solo 1 de 15 autores es docente en la Universidad Complutense de Madrid.

 

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