© Mercedes Rodríguez Sánchez

Universidad Politécnica de Madrid (España)

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Summary

NO-DO was created by the Order of December 17, 1942, which set a media on the basis of exclusive, mandatory and remunerative screening. Born during the Second World War, NO-DO was a privileged newsreel at the time because, thanks to the exchange agreements with major foreign newsreels, it was able to provide information to the Spanish public from both the Nazi and the Allied point of view, and while the war was being fought. However, despite the public nature of the newsreels, the purpose of this paper is to demonstrate that, as evidenced by new documents found in the Archivo Histórico NO-DO, its contents were subjected to external control carried out by both the Vicesecretaría de Educación Popular and the Delegación Nacional de Propaganda, as a preliminary step to the submission of each issue to the censorship.

15 de marzo de 2020 

En este primer día de vigencia del estado de alarma como forma legal de contribuir a derrotar la pandemia del coronavirus resulta inevitable recordar los trabajos de uno de nuestros autores, Carolina Montoya, abordando en ellos la naturaleza del mensaje sanitario (vid. número 26 de esta revista, “Una visión iusinformativa del derecho a la protección de los datos relativos a la salud de las personas bajo un amparo constitucional que va más allá del derecho a la intimidad”) y recomendar su relectura en el marco de unos días de reclusión que pueden dar mucho de sí.

En el actual número, el 28, de la Nueva Época de nuestra publicación volvemos con un poco de todo: artículos de fondo, artículos de opinión y críticas de libros. Así, nuestro crítico literario, el Catedrático Félix Rebollo Sánchez entrega dos reseñas sobre obras diferentes, pero que ahondan en algunas de las actuales preocupaciones políticas de la persona informada en España: la participación como derecho del ciudadano a intervenir en la tarea del poder legislativo de dictar normas que regulen nuestra vida de comunidad (asunto tratado por Javier Sierra, en La participación en la elaboración de normas de la Administración del Estado, Ministerio de Presidencia-CEPC) y la operatividad y eficacia de las Comisiones de Investigación, también del Poder Legislativo, en este caso, autonómico, con motivo de acontecimientos de trascendencia social como lo ha sido el gravísimo accidente de la línea 1 de Metrovalencia ( cuestión abordada por los autores J.V. Gavaldá Roca y N. Pellisser Rosell, en su obra Las comisiones parlamentarias de investigación: El accidente de la línea 1, Tirant Humanidades, 2019).

Recibimos una reflexión sobre el totalitarismo y los derechos fundamentales, con referencias específicas a la libertad de expresión, de Rosaria Mastroianni, lo que puede ser también de interés en un momento de la Historia en que regresan y parecen estar en auge los movimientos nacionalistas y populistas.

Como artículos de fondo, regresan los temas tecnológico-legales o tecnológico-jurídicos, a los que hemos abierto la revista, por su relación estrecha con el derecho a la información: el abogado Rubén Rodríguez Abril escribe y proponer fórmulas para comprender, por un lado, la relación de semejanza entre el Ordenamiento jurídico y el ordenamiento algorítmico. Por otro, para que descubramos la estructura y construcción de la archinombrada blockchain y cómo esta cadena podría ponerse al servicio de los Registros de Propiedad. Se trata de conocer un poco más las tecnologías disruptivas que llegan para cambiar nuestro mundo.

Si Javier Sierra abordaba en su obra la participación ciudadana, Francisco Sánchez Cousido aborda en la suya la transparencia en las auditoras, en un ejercicio de Derecho Comparado que pone al descubierto las reglas del juego marcadas por el Parlamento a unas empresas poderosísimas y la forma en que éstas las aceptan y cumplen. En zonas más clásicas del Derecho de la Comunicación, Mercedes Rodríguez Sánchez nos descubre las sutilezas del Régimen Franquista en el NO-DO y Daniel Montero García pone sobre la mesa lo justo y lo injusto de la reforma legal de las telecomunicaciones en Méjico (2013).

En último lugar, Ramón Martínez García se centra en un asunto que nos preocupa a todos los investigadores y científicos: los procedimientos de evaluación a los que nos somete la Administración Pública. El texto de Ramón Martínez es un recorrido sobre conceptos/valores como la transparencia, nuevamente, el impacto, la excelencia, la calidad y la transferencia del conocimiento. Sin tratarse de un tema específico de nuestra revista, no cabe duda de que tiene interés para nuestros lectores y, por eso, se encuentra aquí.

Deseamos que sean páginas amenas y de lectura fructífera para todos. Y que cuando regresemos, dentro de seis meses, todo haya pasado ya, aunque queden secuelas dolorosas.