© Beatriz del Carmen Martínez Isidoro

Universidad Complutense de Madrid

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Resumen

En momentos de crisis, los gobiernos deben tomar medidas extraordinarias de manera rápida y urgente. Este hecho puede conllevar la limitación de ciertos derechos y libertades de los ciudadanos y, por este motivo, la comunicación del Ejecutivo debe ser más rigurosa, caracterizándose por cumplir con una serie de requisitos que le permitan cumplir tanto con las necesidades informativas de la sociedad, como con las obligaciones que les exigen las normas de transparencia y Derecho de la Información.

La situación provocada por la pandemia de la Covid-19 ha permitido comprobar la necesidad que existe dentro de estos escenarios caóticos y de incertidumbre de garantizar la transparencia y el derecho de acceso a la información pública con el fin de proteger a la ciudadanía, evitando la expansión de bulos y desinformaciones, especialmente en un contexto político y social donde se demanda la colaboración de la población para gestionar la crisis.

En el estudio realizado se analizan las obligaciones que la normativa sobre derecho a la información y transparencia exige al Gobierno y a la Administración Pública incluso en situaciones de emergencia, y cuál ha sido su actuación como fuentes de información y comunicación durante el estado de alarma. El objetivo de este análisis es comprobar si el Gobierno ha garantizado el derecho a la información veraz de los españoles y si ha actuado respetando los principios de transparencia durante la gestión de la crisis.

© Beatriz del Carmen Martínez Isidoro

Universidad Complutense de Madrid (España)

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Resumen

Este artículo indaga sobre los límites que actualmente tiene el poder ejecutivo (presidente del gobierno y ministros) para denegar el acceso a la información sobre su actividad pública y gubernamental con el argumento de la seguridad nacional.

Se analizarán algunos de los casos más destacados de conflictos entre la Administración Pública y los solicitantes de información, cuya petición de acceso les ha sido denegada por el riesgo para la seguridad nacional, con el fin de comprobar cómo los responsables públicos han aplicado este límite, buscando saber si la protección de la seguridad nacional está justificada y es proporcionada según las circunstancias de cada caso, tal y como establece la Ley de Transparencia para su aplicación.

Asimismo, se expondrán los criterios interpretativos que han establecido los órganos garantes de la transparencia, junto con los fundamentos jurídicos de los tribunales españoles, con respecto a la aplicación de este límite. La finalidad de este estudio es conocer si la denegación del acceso a la información pública está relacionada con la protección de la seguridad nacional, o si, en algunos casos, el interés público por conocer dicha información se ha visto perjudicado en favor de los intereses particulares de los titulares del gobierno, que invocaron este límite sin la adecuada justificación.