Revista Internacional Online de Derecho de la Comunicación. ISSN: 1988‐2629

Call for Papers  2019:  envíos hasta 20 de abril 2019 (número septiembre 2019) / envíos hasta 30 enero 2019 (número marzo 2019)

Monika Kwiatkowska

Ping Identity Corporation

University of Nice-sophia Antipolis

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Summary

Putting in place a data processing agreement between a data controller and a data processor (or a data processor and a data sub-processor) is a requirement for data processed within the scope of GDPR. This document, which is a proper contract between the two parties, aims to ensure that everyone involved is handling personal data in accordance with GDPR's stipulations and in line with the rules pre-established by the parties. Most importantly, it lays down requirements for data processors to meet before they are trusted with the data provided by the data controller. Both data controller and processor are, however, often driven by divergent interests when establishing such document. Main challenges are the ones relating to: responsibility for determining the scope and types of data processed; obligations to assist and cooperate; liability for implementation of adequate security measures and for security incidents; exercising data subjects' rights; questions relating to data residency and international data transfers; use of sub-processors; timeframe for notification obligations, etc. 

The article is a practical perspective on how these different issues are addressed by the business and what arguments can be raised by each party when discussing various aspects of the data processing.

Hemos preparado un tema especial para el número 26 de nuestra revista. En mayo de 2019 hará un año que el Reglamento de Protección de Datos de la Unión Europea ha entrado en vigor. Mucho se ha oído sobre él y sobre los datos personales antes y después de esa fecha. No sólo en los medios de comunicación, sino también a nivel de calle, en los pequeños y medianos negocios y, por supuesto, en las grandes empresas.

La aprobación, en España, de la Ley Orgánica 3/2018 amplió el eco del Reglamento y sembró la confusión al saberse que los partidos políticos podrán hacer bases de datos con la información ideológica de los internautas, poniéndola, quizás, o en cuanto puedan y sea viable, al servicio de sus concretísimos intereses electorales. La posibilidad de elaborar nuestros perfiles es una realidad. Después de todo lo que se ha comentado sobre el affair Cambridge Analytica, parecía una necesidad abordar el tema y, en la medida de lo posible, profundizar en la cuestión de la inteligencia artificial y el algoritmo.

Fruto de esa propuesta pública es el número coordinado por Pilar Cousido González y Estrella Gutiérrez David que ahora se presenta. El profesor Emmanuel Derieux, de la universidad parisina Panthéon-Assas, nos ofrece su reflexión sobre la protección de datos y la libertad de información en Francia tras la adopción del nuevo Reglamento europeo. El catedrático de la Universidad de Cádiz Antonio Troncoso Reigada, Director de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid entre 2001 y 2010, realiza un recorrido muy útil por los vericuetos procedimentales que han llevado a la aprobación de la Ley 3/2018, de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales. 

La profesora complutense Pilar Dopazo Fraguío presenta una parte de las conclusiones de su proyecto de investigación El régimen jurídico-público de los drones, en una colaboración en la que pondera la protección de datos y los derechos digitales. Por su parte, la también profesora UCM Rosa María García Sanz se muestra crítica con el Reglamento identificando algunos problemas jurídicos de primera magnitud derivados de su redacción y contenido. La investigadora Rosa María Tourís López describe y explica con gran coherencia el régimen legal de los datos estadísticos, en general, y de los relacionados con el crimen, en particular. La profesora mejicana Rosa María de la Torre Torres y la investigadora Brenda Yessenia Olalde Vázquez dan un paso más y trascienden el ámbito nacional, para adentrarse en el proceloso mar de la extraterritorialidad del Reglamento y sus repercusiones para las empresas mejicanas y españolas con intereses económicos en el territorio de la Unión Europea.

La investigadora jienense Carolina López Medina se interesa por la protección de datos desde la perspectiva del poder judicial español. Por su parte, el abogado Rafael del Real Rubio y la profesora UCM María Luisa Sánchez Calero muestran la conjunción que operar en la actualidad entre el periodismo de datos y la inteligencia artificial. Monika Zwolinska se sumerge en el ámbito contractual al abordar los contratos sobre tratamiento de datos de una manera práctica. Por su parte, Carolina del Valle Montoya Santiago, investigadora complutense, profundiza en los datos sanitarios y su alcance, más allá del derecho a la intimidad. Aquí quedan, entonces, todas estas aristas que nos permiten construir un poliedro multifacético con los impactos de la nueva regulación de datos personales.

© Monika Zwolinska.

University of Nice-Sophia (Francia).

 

Summary

We present in this contribution the disparities that exist between the European and American approaches to protecting personal data. Those two legal traditions are very different from  each other. That is a barrier to establishing secure and effective systems of transferring personal data between the two continents. Elaborating a common ground for those transfers is an essential step in developing commercial cooperation.  One of the key criticisms of the current international regime is its failure to meet needs of today’s global business environment. The question we will ask is whether it is possible to reach an agreement on the strategic issue of cross-border data transfers in the light of the American large conception of freedom to do business and to keep the governmental intervention as rare as possible, on the one hand, and the European high standards and adequacy requirements applicable to data confidentiality, security and integrity.

 

 

 

 

El número 19 de la revista www.derecom.com se publica coincidiendo con el inicio del curso académico 2015-2016. En esta ocasión, como ha sucedido en los últimos números, la preocupación de nuestros autores vuelve a centrarse en el ámbito audiovisual. A las tres aportaciones sobre diferentes aspectos de la televisión se suman dos artículos relativos al medio cinematográfico; por un lado, Ana Azurmendi reflexiona sobre la televisión de proximidad a cuyo terreno lleva conceptos como transparencia, gobernanza y participación, completamente de moda en la arena política, en las conversaciones y en los propios medios de comunicación. Por otro lado, Gloria Hoyos centra su preocupación en la dimensión cultural de la televisión pública. Y, por su parte, Laura Cázares reflexiona sobre la violencia en la programación televisiva mejicana.


La justicia y el cine, o la forma en que el cine ha reflejado la forma de impartir justicia, son estudiados por Juan García Crego y Virginia Álvarez-Buylla Naharro. A su vez, Concha Calvo vuelve sobre la nacionalidad y la calificación de las obras cinematográficas. Mientras que el trabajo de García Crego y de Álvarez-Buylla inciden en aspectos sustantivos de la cinematografía, el artículo de Calvo se centra en la faceta procedimental.

 

La reflexión de Tomás Atarama y Katherin Caman sobre el Derecho de la Comunicación es el ejemplo de estudio que agrada a esta Redacción pues revela, una y otra vez, que la Ciencia del Derecho de la Información no deja de crecer y de consolidarse, adquiriendo un carácter de transversalidad que se manifiesta en el resto de las colaboraciones publicadas en este número, cuyo carácter no es fundamental, al revés de lo que sucede con el trabajo de Atarama y Caman, sino específico. En cualquier caso, también el artículo de Atarama y Caman se centra en el ámbito cinematográfico al que aplica la perspectiva formal del derecho a la información.


Es llamativo que más de la mitad de los artículos publicados en esta ocasión ponga de manifiesto que el audiovisual sigue siendo objeto predominante de interés para los autores, incluso fuera del ámbito electrónico.


El resto de nuestros autores aborda preocupaciones sociales en las que el derecho a la información ocupa un papel relevante. Es el caso de Ian Pimentel, cuando analiza la constitucionalidad del derecho a la salud en Brasil y repara en el interés e importancia del derecho a la información del paciente. Lo mismo sucede con Alfonso Tello, Arely Millán y Carmina Elvira, al resaltar el papel estelar del derecho a la información en el marco de un estudio ecológico.


Por su parte, Juan Carlos Riofrío se centra, siguiendo con una línea de investigación de larga data, en su caso, en el secreto, una institución de máxima actualidad en un contexto de sociedades democráticas que se quieren cada vez más transparentes, paradógicamente. Y Monika Zwolinska presenta su reflexión sobre la transferencia internacional de datos, otro tema, sin duda, relevante, cuando la propia Unión Europea tiene entre manos el nuevo Reglamento de Protección de Datos Personales.


Los lectores verán que este número contiene un artículo escrito en portugués y otro, en inglés. Esto será cada vez más frecuente, como consecuencia del proceso de internacionalización de nuestra revista. Es imposible, a estas alturas, cerrarse al pensamiento que llega de otras latitudes y en lenguas con un grado de dificultad menor para el lector español cualificado.


Aunque este número no inaugura, formalmente, una Nueva Época, a diferencia de lo que sí sucedió en 2009, los lectores advertirán que el formato ha variado, mejorando, y que ya puede leerse la revista desde dispositivos móviles. Los artículos son ahora más homogéneos y esta homogeneidad formal irá en aumento en los próximos números. Datos identificativos de cada artículo y de sus autores han sido incorporados a la primera página de todos los trabajos, siguiendo las indicaciones de las Bases de Datos Científicas Internacionales.


También nosotros nos sumamos, a partir de este número, a la corriente que busca un mayor grado de transparencia en su actividad y en los resultados de esa actividad. Esperamos de esta manera mejorar la calidad de nuestro producto final y atraer el interés de un número cada vez más amplio de estudiosos, de curiosos y de lectores para los que el derecho a la información sea, por fin, una ambición legítima y un reto común que nos permita crecer personal y socialmente.


Finalmente, en la medida en que aspiramos a alcanzar los estándares más elevados de calidad y compromiso comunitario, también exigidos por las Bases de Datos y Sistemas de Evaluación de Publicaciones Científicas Periódicas, hacemos notar que 8 de los 15 autores que participan en este número son mujeres; 9 de los 15 autores son extranjeros y, finalmente, solo 1 de 15 autores es docente en la Universidad Complutense de Madrid.

 

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