Ángel Ibáñez Peiró*
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Resumen
La Información Pública, en situaciones catastróficas o de emergencia, se lleva a cabo desde dos aspectos distintos y, normalmente, opuestos. El “todo vale para aumentar la audiencia”, que suele ser utilizado por los Medios de Comunicación Social privados, choca con la obligación de informar, por parte de la Administración, de forma veraz y sin necesidad de que el ciudadano lo solicite; es decir, la idea de que la Información, en estos casos, es un Servicio Público.
Para dar cumplimiento a lo que el ordenamiento jurídico español impone a las distintas Administraciones Públicas no sólo hay que atender a las características de la información a difundir, también se debe tener muy presente la seguridad y certeza de que, en caso necesario, llegará al ciudadano en el soporte adecuado en tiempo y forma.
Para conseguirlo, se debe disponer de los medios técnicos y humanos apropiados, entre los que se ha de encontrar personal especializado en la gestión de la información que generan estas situaciones.
Las dificultades y responsabilidades a que se enfrentan las Administraciones Públicas en los casos referidos son el objeto de este trabajo. En concreto, se hace un recorrido por las disposiciones legales que regulan el mundo de la protección civil y la obligación que tiene la Administración de hacer llegar la oportuna información al ciudadano con la finalidad de aumentar la autoprotección y la seguridad de las personas, los bienes y el medio ambiente, ante situaciones de grave riesgo colectivo, catástrofe y calamidades públicas.
Palabras clave: Información Pública, protección civil, autoprotección, seguridad de las personas, grave riesgo colectivo, catástrofe, calamidad pública.
Con el presente número de la revista Derecom, la publicación comienza una nueva era, ya que en esta ocasión se inician como coordinadores dos jóvenes investigadores de la materia del Derecho de la Información, los doctorandos Víctor Escandón Prada y Ángela Moreno Bobadilla, ambos con su Diploma de Estudios Avanzados, y ya miembros experimentados del Grupo consolidado de Investigación Transparencia, Buena Gobernanza y Comunicación. En la temática de este trimestre tiene un especial protagonismo la debatida sentencia del Tribunal Constitucional sobre las “´cámaras ocultas”. Tres artículos versan sobre esta materia de máxima actualidad, aquí recogidos por orden de entrada en la Redacción: el de la profesora de Derecho Procesal de la UNED, Marta Gómez de Liaño, en el que hace una comparativa de la jurisprudencia del máximo intérprete de la Constitución respecto al polémico tema, que enfrenta el derecho a la intimidad con la libertad de información, dos derechos fundamentales cuyos límites a menudo se encuentran, el de Marc Carrillo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Pompeu Fabra, que aborda el tema del amarillismo y del uso abusivo y recurrente de las cámaras ocultas para obtener información a cualquier precio sin respetar las reglas deontológicas del periodismo y, finalmente, el de Ignacio Villaverde, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, que considera que los medios, en este caso, han sobrepasado el límite establecido, sin respetar el secreto periodístico, ya que les hubiera bastado con difundir dicha información sin necesidad de emitir las imágenes y el sonido, pudiendo haberlas reservado como prueba de veracidad de los hechos contados.
Por otro lado, el empresario e inversor privado en empresas de carácter innovador, Alejandro Suárez Sánchez-Ocaña, ha escrito “Desnudando a Google: Nacimiento de un imperio”, en donde trata de hacer una radiografía del buscador de Internet más usado del mundo, y la influencia que ha tenido respecto de la privacidad de millones de personas.
La transparencia informativa también está presente en este número. Ángel Ibáñez compara la posición contrapuesta que se da en situaciones catastróficas o de emergencia, al chocar el todo vale de los medios de comunicación con la obligación, por parte de la Administración, de informar de manera veraz, convirtiendo dicha información en un servicio público o de interés público. Irma Eréndira analiza el rescate bancario de México, buscando la desmitificación del neoliberalismo y poniendo de manifiesto que la política y la economía no pueden ser entendidas como esferas separadas o autónomas.
Y en el momento de dura crítica por el que están atravesando los medios de comunicación contamos con cuatro artículos en los que se aborda desde diferentes perspectivas dicha autocrítica, realizada por profesionales de la materia. José María Calleja, hace una defensa de la libertad de expresión contra la dictadura del terror que durante años ha intentado infundir en España la banda terrorista ETA. La presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid, Carmen del Riego, con el artículo “Periodistas o Voceros”, parte de la Constitución para defender el buen hacer periodístico. La violencia de la mujer y su tratamiento informativo es otro de los asuntos que se abordan en el presente número de la mano de Javier Fernández Arribas. La ética, la educación y la reputación son los tres pilares en los que Joaquín María Aguirre basa su artículo y que considera absolutamente necesarios para definir la profesión de periodista.
Derecom continúa creciendo número a número, convirtiéndose en una de las revistas referencia en el ámbito del Derecho de la Comunicación, como lo demuestra la calidad de las firmas que han participado en esta ocasión, otorgando con su presencia un gran prestigio a la publicación, y contribuyendo a que los 13.000 visitantes mensuales ya consolidados sigan aumentando.
Víctor Escandón Prada
Ángela Moreno Bobadilla