Revista Internacional Online de Derecho de la Comunicación. ISSN: 1988‐2629

Call for Papers  2019:  envíos hasta 20 de abril 2019 (número septiembre 2019) / envíos hasta 30 enero 2019 (número marzo 2019)

Desde el equipo de la revista Derecom, nos complace presentar este nuevo número. Entre los docentes e investigadores que publican sus trabajos en esta ocasión, comenzamos por José María Benito García, profesor del CES Villanueva (UCM), quien presenta un detallado estudio sobre la situación jurídica, técnica y la oferta que rodea a la televisión móvil como medio de comunicación que ha experimentado un gran crecimiento en España. En el marco de la Ley General de la Comunicación Audiovisual, Carmen Fuente Cobo, también profesora del CES Villanueva (UCM), ofrece un repaso por las principales transformaciones efectivas que han tenido lugar en la esfera pública audiovisual. Este paso normativo supone una apertura inicial hacia la participación de los ciudadanos, como consumidores y usuarios de los medios, en los procesos de regulación y toma de decisiones generales. Entre las luces y sombras que acompañan a esta Ley, encontramos la derogación del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA), antes de su propia constitución, entre otras medidas que se explican en este interesante texto y que han supuesto una reducción considerable de las vías de participación ciudadana hasta casi llegar a su extinción en nuestro país.

Pablo Zapatero Miguel, profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, presenta un artículo sobre el sistema de cuotas para los exhibidores cinematográficos que legitimó el desarrollo de normas y políticas audiovisuales. La experiencia británica en regulación de contenidos funcionó durante más de medio siglo, redundando en un notable éxito de productividad, aunque no así en cuanto a la calidad de las películas, popularizándose el término “quota quickies” que el autor desarrolla con profusión en su texto. Por otro lado, la cuestión del derecho al olvido es abordada por Sebastián Zárate, como una de las novedades que se ha incorporado recientemente a las propuestas legislativas de la Comisión Europea. El usuario tiene derecho a poder retirar sus datos personales disponibles en el momento en que considere oportuno, aunque como veremos, su aplicación práctica cuenta con ciertas limitaciones.

Desde la perspectiva de las innovaciones de las TIC y las redes sociales, Juan G.  Hernández Segovia, Rosa M. Ortiz Hernández y Agustín R. Uribe Ramírez muestran algunas de las oportunidades que encierra esta revolución mediática e informativa en el ámbito social, político, educativo y empresarial. De manera complementaria a esta reflexión más bien optimista, el artículo de Gema Sánchez Medero propone el tema del ciberespionaje, a través de la ciberdefensa y el ciberataque, como una de las consecuencias que se derivan de una sociedad tan “conectada” como la nuestra y en qué medida estas cuestiones ocupan parte de la agenda política de los gobiernos. Por su parte, Anid V. Díaz Buck se centra en la autorregulación de las redes sociales como una medida para afrontar las constantes vulneraciones a la vida privada que se producen en la red y así garantizar los derechos de intimidad, privacidad y protección de datos personales de los usuarios.

Otros trabajos presentes en este número relacionados con distintos enfoques del Derecho de la Comunicación centrados en la realidad mexicana se corresponden con los estudios de los investigadores Claudia E. Cortés Núñez, sobre la socialización del derecho a la información como derecho fundamental en el marco de regulación mexicano; Omar Frutos Mendoza y su visión comparativa entre España y México en relación al derecho de la cancelación de datos de carácter personal; así como otro estudio comparado entre estos dos mismos países sobre la legislación que contempla el acceso a la información ambiental, elaborado por César A. Sereno Marín.

Desde la dirección y el equipo editorial de Derecom continuamos nuestro proceso de consolidación como revista de interés científico para toda la comunidad académica. Para ello, tratamos de perseguir la excelencia en cada nuevo número que preparamos con esmero y seguimos trabajando para aumentar la presencia de la revista en nuevas bases de datos que puedan reconocer nuestros criterios de calidad así como nuestra trayectoria a lo largo de todos estos años.

Carmen Fuente Cobo1

Resumen
Los espacios y canales abiertos a la participación de los ciudadanos en el ámbito audiovisual en España han sido, tradicionalmente, muy limitados bien por el carácter igualmente limitado de su enfoque o bien porque no han llegado a ponerse en marcha los mecanismos previstos en la legislación o, cuando se han puesto en marcha, no lo han hecho con todo su potencial. La Ley General de la Comunicación Audiovisual, en vigor desde mayo de 2010, generó nuevas expectativas al contemplar tanto la participación de los usuarios de los medios en los procesos de regulación y toma de decisiones sobre la configuración del sistema audiovisual, a través de un Comité Consultivo dentro del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA), como el reconocimiento de un derecho de reclamación por parte de los usuarios en relación con los contenidos de los medios y servicios audiovisuales.

En el artículo se pasa revista a las transformaciones efectivas, y no solo legales, experimentadas en la esfera pública audiovisual, identificando los cauces realmente abiertos a la participación de los ciudadanos en el sistema audiovisual, su evolución en los últimos años, y los riesgos presentes y futuros que cabe prever a la luz de las iniciativas políticas y normativas promovidas recientemente y, más en particular, la sustitución del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA) previsto en la Ley General de la Comunicación Audiovisual por un macro-regulador con competencias en múltiples sectores.

Palabras clave
Participación ciudadana. Ley General de la Comunicación Audiovisual. Consejo Estatal de Medios Audiovisuales. Usuarios de los medios. Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

 

Carmen Fuente Cobo

 

Resumen

Los espacios y canales abiertos a la participación de los ciudadanos en el ámbito audiovisual en España han sido, tradicionalmente, muy limitados bien por el carácter igualmente limitado de su enfoque o bien porque no han llegado a ponerse en marcha los mecanismos previstos en la legislación o, cuando se han puesto en marcha, no lo han hecho con todo su potencial. La Ley General de la Comunicación Audiovisual, en vigor desde mayo de 2010, generó nuevas expectativas al contemplar tanto la participación de los usuarios de los medios en los procesos de regulación y toma de decisiones sobre la configuración del sistema audiovisual, a través de un Comité Consultivo dentro del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA), como el reconocimiento de un derecho de reclamación por parte de los usuarios en relación con los contenidos de los medios y servicios audiovisuales. En el artículo se pasa revista a las transformaciones efectivas, y no solo legales, experimentadas en la esfera pública audiovisual, identificando los cauces realmente abiertos a la participación de los ciudadanos en el sistema audiovisual, su evolución en los últimos años, y los riesgos presentes y futuros que cabe prever a la luz de las iniciativas políticas y normativas promovidas recientemente y, más en particular, la sustitución del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA) previsto en la Ley General de la Comunicación Audiovisual por un macro-regulador con competencias en múltiples sectores.

Palabras clave
Participación ciudadana. Ley General de la Comunicación Audiovisual. Consejo Estatal de Medios Audiovisuales. Usuarios de los medios. Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

 

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