Manuel Sánchez de Diego Fernández de la Riva*

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Fragmento

Un día sí, y otro también, los medios de comunicación nos despiertan con informaciones sobre tráfico de influencias; opacidad de las administraciones públicas; contrataciones de dudosa legalidad; políticos con relaciones comerciales sospechosas; representantes que fichan, cobran la dieta y se marchan; parlamentarios que se niegan a apretarse el cinturón y prefieren volar en primera clase; hijos de políticos en función de “conseguidores”…  Todo eso nos llega a escandalizar, aunque lo realmente preocupante son esas otras conductas que se esconden tras las puertas de la Administración. Seguramente si las Administraciones fueran realmente transparentes, muchos de esos comportamientos no se habrían dado.

La transparencia es esencial en la lucha contra la corrupción. En el verano del 2010 se filtró a la prensa un borrador de anteproyecto de transparencia y acceso a la información pública del que nadie ha vuelto a tener noticias. El pasado mes de marzo, miembros de la Coalición Pro Acceso (www.proacceso.org) se reunieron con el Ministro de la Presidencia para impulsar esa ley que reconozca el derecho de las personas a acceder a la información pública, el derecho a saber. El Ministro justificó la falta de progreso por los problemas urgentes a los que se enfrenta el Gobierno. Fue entonces cuando se le recordó al Ministro que “lo urgente no puede impedir hacer lo importante”.