Ana Azurmendi,
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Nereida López
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Juan Luis Manfredi*
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Fragmento
La actualidad informativa sobre las televisiones autonómicas sitúa a los operadores públicos en el ojo del huracán. Desde el Gobierno –Ministerio de la Presidencia- se ha planteado la posibilidad de abrir el debate sobre su futuro, en particular, en aquellas de las Comunidades Autónomas que no tienen una lengua propia. Además, UTECA, la asociación de las televisiones nacionales comerciales, insiste en presentar como una opción –como la mejor opción- la privatización de las televisiones autonómicas y la renuncia de éstas a la publicidad. Por si fuera poco, aún existe otro frente: el de la conflictividad laboral, e incluso jurídico-laboral en algunas de estas televisiones, que preludia los ajustes económicos a los que de forma inevitable deberán enfrentarse.
Las pretensiones de UTECA responden a sus propias estrategias de negocio en el entorno digital, sin que esto signifique irracionalidad en sus planteamientos sobre las televisiones autonómicas públicas. Todo lo contrario: si algo debe reconocerse a UTECA es el realismo más absoluto en sus observaciones: ¿Alguien puede negar que la digitalización televisiva –y la correspondiente multiplicación de canales- ha tenido como consecuencia una bajada de audiencias en todas las televisiones? ¿Que, por ese reparto de la audiencia, la publicidad también se ha fragmentado? ¿Que el nuevo entorno digital exige cambio de estrategia y posiblemente un cambio de modelo televisivo –público o comercial?
Pero no sólo UTECA tiene argumentos sobre la radiodifusión pública, también las televisiones autonómicas –por el peso mayor de la televisión no se menciona la radio- tienen los suyos, desde su propia aproximación al nuevo contexto audiovisual; puesto que afrontan el reto de mantener su identidad como televisión de proximidad en un marco de comunicación que, de manera potencial, es global; y, además, se encuentran con una competencia por parte de las televisiones comerciales mucho más agresiva, en la medida en que, en cada Comunidad Autónoma, la oferta televisiva se ha multiplicado de manera considerable. Desde otro punto de vista, la crisis económica de los últimos años les obliga a un difícil recorte de gastos.
Con el objeto de discernir cuáles son las líneas de reforma propuestas por la Ley 7/2010, General de la Comunicación Audiovisual , sobre la radiodifusión pública autonómica se estudiarán aquellos aspectos que, desde el texto legal, se refieren de forma general o más concreta a las televisiones y radios públicas autonómicas, sin olvidar la normativa europea que ha inspirado gran parte del nuevo estatuto jurídico audiovisual en España.