©Belén Galletero-Campos
Universidad de Castilla-La Mancha (España)
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Resumen
Este artículo analiza, de una parte, la evolución regulatoria que ha sufrido la contratación de publicidad institucional en Castilla y León desde la aprobación de la Ley 4/2009, de Publicidad institucional de Castilla y León; y, de otra, los importes que en este concepto se han abonado desde el gobierno autonómico a medios de comunicación durante el periodo 2014-2020. El interés en estudiar este caso particular es que por primera vez en una Comunidad Autónoma un acuerdo de gobierno en 2019 entre las formaciones políticas Partido Popular y Ciudadanos ha impulsado acciones para auditar la gestión en la materia, lo que revela una sospecha de discrecionalidad en el reparto de fondos de este tipo de campañas. Los datos cuantitativos y el análisis de las comparecencias políticas en las Cortes de Castilla y León confirman que es pertinente una reforma de la Ley de 2009, así como el establecimiento de métodos de rendición de cuentas que se orienten a una mejor planificación y evaluación de las campañas. Todo ello redundaría en una comunicación más eficaz a la ciudadanía bajo el principio de eficiencia y racionalidad en el gasto que se presupone a todo organismo público.