Adonis de la Cruz Vásquez

Universidad Complutense de Madrid

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Resumen

En la actualidad, la Inteligencia Artificial es una de las herramientas informáticas más poderosas y útiles que existen. Una de las redes sociales más populares hoy en día a nivel mundial, YouTube, hace uso de la IA para llevar a cabo tareas que van desde posicionar el contenido en la plataforma hasta eliminarlo de forma automatizada, con todos los problemas que conlleva.

(c)María Sáez de Propios

CEINDO (Escuela Internacional de Doctorado), CEU Universities

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RESUMEN

Este trabajo realiza un análisis de la confrontación entre la libertad de expresión y la protección del honor en las Redes Sociales. El objetivo del artículo es ponderar estos derechos y determinar las colisiones típicas entre ambos derechos, así como los riesgos específicos que presentan las RRSS para el honor de los usuarios. Para ello, repasamos la regulación jurídica existente en España sobre esta materia, así como los intentos de autorregulación y los que propiamente establecen las mismas RRSS en sus condiciones de uso, para por último establecer los retos y desafíos de las Redes Sociales en relación con la protección del honor.

Fredrick Vega-Lozada

Universidad Interamericana de Puerto Rico

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Resumen: work in progress  

Si la pornovenganza lesiona la dignidad de las personas al basarse en la distribución de imágenes sexuales de una persona sin su consentimiento, las tecnologías que pueden multiplicar este fenómeno causarán un daño aún más irreversibles a las víctimas. En sentido contrario tecnologías como deep learning o machine learning podrían ayudar a suprimir las prácticas de pornovenganza. Es un tema nuevo sobre el que la bibliografía es escasa.

María Pilar Cousido González

Universidad Complutense de Madrid

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Resumen

MARTÍNEZ OTERO, JUAN MARÍA: “EL EJERCICIO DE LA POTESTAD SANCIONADORA DE LA ADMINISTRACIÓN EN EL ÁMBITO AUDIOVISUAL”, Tirant lo Blanch, Monografías, Valencia, 2021, 270 páginas, 29,90 EUROS.

Se trata de una obra a medio camino entre el Derecho Constitucional y el Derecho Administrativo. El autor prueba que se ha formado intensamente en Derecho Administrativo, lo que le permite juzgar la doctrina de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia –CNMC- así como la jurisprudencia de diversos tribunales con soltura y conocimiento de causa.

Ulises García Jociles

Universidad Complutense de Madrid

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Resumen

Debido al desarrollo tecnológico, los intereses de empresas y particulares varían con el tiempo. En las últimas décadas, uno de los usos más extendidos es el de internet y, concretamente, el de las redes sociales. Algunos de los usuarios fallecen pasado un tiempo. Esto genera disputas respecto a los intereses de terceros familiares, las empresas que ofrecen el servicio y la intimidad del propio cuius. Es por ello que la normativa de la “herencia digital“ debe ser analizada. Una sentencia relevante para ello es el fallo del BGH de 12.07.2018.

Ignacio Álvarez Rodríguez

Universidad Complutense de Madrid

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Resumen

El presente texto estudia las condenas dictadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra el Reino de España por vulnerar el derecho fundamental a la libertad de expresión, reconocido en el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Una vez realizada una breve introducción a dicha norma, se exponen las diferentes condenas (desde los supuestos de hechos hasta el fallo alcanzado, pasando por la ratio decidendi empleada por el Tribunal), seguidas de un análisis basado en una serie de datos que confirman la hipótesis de partida: no cabe hablar en España de un riesgo estructural para la libertad de expresión.

Luis Gabriel Martínez Montenegro

Universidad Complutense de Madrid

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Resumen

Este trabajo tiene como objetivo ofrecer una visión actual sobre la libertad de expresión en España a través de la Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal para la protección de la libertad de expresión presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Comú, el 19 de febrero de 2021.

A pesar de lo desapercibida que ha pasado la Proposición, debido al contexto de pandemia mundial, dicha Proposición recoge una serie de cambios apoyados por multitud de organismos: desde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la ONU y el Consejo de Europa hasta Amnistía Internacional. Entre los mentados cambios se halla la supresión de los artículos 490.3, 491, 504, 525 y 543 del Código Penal.

La Proposición llega en un año convulso en lo que se refiere a la libertad de expresión, alcanzando su clímax con el encarcelamiento del artista Pablo Hasél. Un caso que halla sus precedentes en otros casos como el de Otegi Mondragón, el “chumino rebelde”, el “coño insumiso” o la revista El Jueves. Por esto mismo, se vuelve una tarea necesaria la de analizar y hacerse eco mínimamente de unos cambios que, a pesar de ser criticables a causa de los intereses detrás de su elaboración, son cruciales para alcanzar el ideal perseguido de un Estado democrático de derecho garante de la libertad de expresión.

María Estrella Gutiérrez David

Universidad Complutense de Madrid

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Resumen

Existe un consenso amplio en que el uso de sistemas de IA por parte de las Administraciones públicas debe ser transparente y garantizar que los ciudadanos comprenden cómo y por qué se han adoptado las decisiones algorítmicas que les afectan individual o colectivamente. La legislación de transparencia puede y debe ser un instrumento para este propósito. Existe una doctrina bien asentada de las Autoridades de transparencia que considera que código fuente y los algoritmos (deterministas o predictivos) utilizados por la Administración constituye «información pública». Partiendo de esta premisa, la casuística comparada e interna del derecho de acceso a la información posibilita identificar algunos de los riesgos inherentes al uso de estos sistemas de IA por parte de las Administraciones: reglamentación oculta y errores; existencia de black boxes decisionales; sesgos embebidos y vulneraciones de derechos y libertades. Sin perjuicio de los eventuales límites legales que puedan concurrir (e.g. seguridad pública, propiedad intelectual e industrial), analizados en este trabajo, existe cierto consenso en que el derecho de acceso no siempre garantiza una total transparencia y comprensibilidad del proceso de toma de decisiones mediante sistemas de IA, especialmente, cuando estos utilizan modelos de black box. Es más, la noción misma de un black box como incapacidad de entender los resultados producidos por un sistema algorítmico comienza a ser expansiva, en el sentido de que el análisis de la casuística ahí donde el acceso al código fuente de algoritmos deterministas es objeto de litigio evidencia que ni los afectados por la decisión ni el juez son capaces de entender cómo el sistema llegó a tal decisión. Se constata, por último, que no existe una coincidencia exacta entre el significado técnico de la transparencia algorítmica manejado por la XAI y el significado jurídico de la transparencia administrativa propio del iuspublicismo. De lege ferenda, y a fin de garantizar una adecuada interpretabilidad, explicabilidad y justificación de las decisiones públicas adoptadas o apoyadas en sistemas de IA y el escrutinio público de las mismas, la legislación de transparencia debería determinar la información relevante que podría ser objeto de publicidad activa o del derecho de acceso e incorporar obligaciones de producción, conservación y registro de la documentación técnica relativa al ciclo de vida de tales sistemas.

Ricardo García Manrique

Universidad de Barcelona (España)

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Resumen

Las universidades españolas emiten en ocasiones declaraciones institucionales en las que se pronuncian a favor o en contra de determinadas causas políticas. En los últimos años se ha suscitado la cuestión de si las universidades están jurídicamente legitimadas para emitir este tipo de declaraciones. Uno de los conceptos normativos que esgrimen tanto los partidarios como los detractores de su legalidad es el derecho a la libertad de expresión. Los unos sostienen que la libertad de expresión justifica estas declaraciones. Los otros consideran que la libertad de expresión resulta dañada por ellas. En este ensayo exponemos y examinamos los argumentos de ambas partes.

Vivimos tiempos raros, turbulentos, marcados por la pandemia, a nivel mundial. En España, la impresión de desorganización política, de crisis económica y de desencanto social parece cada vez más profunda. Así, por ejemplo, son muchos los frentes abiertos al derecho a la información y a la libertad de expresión: las previsiones normativas y los fallos judiciales sobre seguridad nacional, sobre fake news y desinformación, sobre publicidad del juego, las condenas a artistas por sus letras, sobre injurias a la Corona, ofensas religiosas, expresiones de odio, etc… Precisamente sobre estos últimos delitos y su actual tipificación y, al parecer, su previsible destipificación, escribe Luis Gabriel Martínez Montenegro. También centra su reflexión en la libertad de expresión el Profesor Ricardo García Manrique, quien se fija en el discurso político en la universidad, en un ejercicio exegético oportuno y centradísimo. Que la preocupación por la libertad de expresión es inmensa queda patente cuando un tercer artículo mira hacia el tema desde la perspectiva jurisprudencial, lo que hace atinadamente el también Profesor Ignacio Álvarez Rodríguez. Y, sin haber presentado este número como un monográfico sobre la mencionada libertad de expresión, un cuarto artículo aborda el tema desde la perspectiva de los límites en Internet y es lo que hace la investigadora María Sáez de Propios.

La transición que, en nuestro número 31, marca este último trabajo hacia lo digital es seguida por el estudio sobre la herencia digital que realiza Ulises García Jociles con su análisis de una sentencia del Tribunal Supremo alemán concerniente a un caso que afectó a Facebook. La Profesora Estrella Gutiérrez David indaga en el acceso al código fuente y los algoritmos públicos, en el contexto de una Administración inteligente. Por su parte, Daniel Palacios, Pilar C. González, Francisco Domínguez, Julio Guillén, David Ortega, Cristina Conde y Enrique Cabello nos ofrecen una perspectiva multidisciplinar, en parte, tecnológica, en parte, jurídica, sobre la privacidad por diseño y su repercusión en el buen gobierno. Fredrick Vega-Lozada presenta sus primeros pasos de una investigación en curso sobre la pornovenganza, la ciberviolencia de género y la inteligencia artificial (IA). La IA en el algoritmo de Youtube es objeto de estudio por parte del investigador Adonis de la Cruz Vásquez.

En el terreno de las críticas de libros, apartándonos de estos dos temas centrales, encontramos la recensión de la obra de Juan María Martínez Otero sobre los procedimientos administrativos, sancionadores, en el ámbito audiovisual, un utilísimo trabajo sobre la doctrina de la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia.

Se perfilan una vez más las áreas de interés para nuestros autores y para nuestros lectores: cada vez más, lo digital, pero sin olvidar el audiovisual. Y ahora, genéricamente, la libertad de expresión, un derecho cuyo horizonte lejos de verse despejado aparece políticamente emborronado.

Gracias por acompañarnos un número más. Disfruten de estos trabajos.