© Henar Alonso Rodríguez

Archivo General Militar de Ávila (Ministerio de Defensa)

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Resumen

El presente artículo analiza, desde el punto de vista de los profesionales de la gestión documental y de la archivística, la repercusión de la aún vigente Ley de Secretos Oficiales de 1968 y de las actuales Normas de Seguridad de la Información en el derecho de acceso a la información pública que contienen los documentos gestionados por los Archivos de la Administración General del Estado, así como los avances al respecto, derivados tanto de las autorizaciones ministeriales de acceso como de la reciente Ley de Memoria Democrática, y las perspectivas que genera el Anteproyecto de Ley de Información Clasificada, aún en trámite parlamentario.

© Juan Luis López Aranguren

Universidad de Zaragoza (España)

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Resumen

Japón se enfrenta a importantes desafíos en materia de seguridad que vienen determinados por cuatro factores. El primero, la imposibilidad de tener ejército y declarar la guerra por el artículo 9 de su Constitución. El segundo, la amenaza nuclear de Corea del Norte. El tercero, las fricciones crecientes con una expansión de la influencia china. La cuarta y última, la relación con los Estados Unidos, marcada por el Tratado de Cooperación y Seguridad Mutuas de 1960. Estos cuatro factores hacen que, para Japón, sea de vital importancia generar una inteligencia estratégica que le permita prevenir y responder adecuadamente ante amenazas tanto externas como internas a su seguridad nacional. Sin embargo, la eficiencia de los servicios de inteligencia japoneses se ha enfrentado a la dificultad de que su desarrollo ha venido marcado por dos modelos contrarios: el centralizado de la Central de Inteligencia Americana (CIA), estadounidense, y el descentralizado del MI5 y MI6 británico. Esto, unido a la excesiva burocratización de la Administración Pública japonesa, ha alertado de la necesidad de una profunda reforma de los Servicios de Inteligencia de Japón. En este artículo se examinará el contexto legal, histórico y geopolítico de los Servicios de Inteligencia, las amenazas tanto internas como externas a los que se ha enfrentado y, finalmente, se ofrecerá una propuesta de reforma de los mismos que pueda ayudar a hacer frente a los desafíos actuales y futuros.

© Aurelio Martín González[1]

Federación de Asociaciones de Periodistas (España)

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Resumen

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España ha presentado alegaciones al anteproyecto de Ley de información Clasificada, en tiempo y forma, debido a su desacuerdo con el Gobierno en el procedimiento de la tramitación, y a la reivindicación del reconocimiento del Periodismo como soporte del derecho a recibir información para los ciudadanos, así como por la solicitud de la supresión de las categorías de catalogación “confidencial” y “restringido” o del régimen sancionador.

[1] Aurelio Martín es Vicepresidente Primero de la Federación de Asociaciones de Periodismo de España (FAPE). Este artículo de opinión refleja, autorizadamente, el punto de vista de FAPE.

Víctor Bello, Coordinador del  número 34 de www.derecom.com

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Mª del Pilar Cousido-González, Directora de www.derecom.com

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Introducimos el número 34 de nuestra revista con la satisfacción de informar a nuestros lectores de que www.derecom.com La Revista del Derecho de la Información y de las Nuevas Tecnologías ha sido admitida en el Catálogo de Revistas UCM en el mes de enero de 2023. Desde el año 2001 hemos realizado una labor ingente que nos permite afirmar que la nuestra es la primera revista centrada en el Derecho de la Información y, posiblemente, la única en España. Los activos de la revista pueden verse en el apartado "Introducción a la revista", por lo que no vamos a repetirlos. Ahora es tiempo de continuar trabajando para trasladarno al servidor UCM y para simultanear en los próximos 2 años la edición de 4 números que nos permitan al cabo del plazo que se nos da adoptar plenamente el sistema OJS. A nuestros lectores, gracias por seguirnos. A nuestros autores, gracias por su confianza; a nuestros árbitros, cuya labor desinteresada es impagable, gracias sinceras; a nuestro Comité Editorial, gracias igualmente por las ideas y por aportar tanto a nuestra reputación. Finalmente, al Equipo de Redacción, felicidades. 

Este número comenzó a fraguarse, como de costumbre, el mismo día en que se publicó el número anterior. La elección de un tema específico, la seguridad nacional y el acceso a la información pública, con su corolario: los secretos de Estado, y de un coordinador concreto, Víctor Bello, fue la consecuencia de que, por fin, un Gobierno de España se atreviera a redactar un borrador de Ley de Secretos Oficiales, aunque fuera bajo la denominación de Ley de Información Clasificada, así como por el descubrimiento de la ingente labor desarrollada por el coordinador de este número en torno a la documentación, los documentalistas y el acceso a los archivos. Compartir dos jornadas, en 2022, sobre el acceso a la información en Teguise (Lanzarote) con un puñado de especialistas de distintas disciplinas, todos brillantes, fue un aliciente para la preparación del número.

Ha sido, sin embargo, difícil encontrar académicos o profesionales del Derecho, en particular, que hayan trabajado, y que estuvieran dispuestos a presentar su punto de vista sobre alguno de los temas propuestos y desarrollados bajo el epígrafe genérico arriba señalado. El carácter explorador del coordinador y el tesón del coordinador del número y de la directora de la revista permitieron identificar a Beatriz Martínez Isidoro, Carlos Sanz Díaz, Marc Carrillo, Miguel Ángel Esteban, Henar Alonso, Carles Sanjosé i Amat, Yolanda Betrán y Juan Luis López Aranguren  como juristas, archiveros o, en general, docentes universitarios y/o investigadores con conocimiento de causa y dispuestos a verterla, en forma de artículos de fondo,  en el número 34 de www.derecom.com.

Tampoco fue sencillo localizar a opinadores de prestigio habituales en los medios de comunicación, como es el caso de  Aurelio Martín González, por la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, que tuvieran una opinión ya formada sobre el anteproyecto de ley de información clasificada o sobre alguno de los temas relativos a ella.

Creemos haber logrado ofrecer una visión comparada, histórica, teórica y práctica sobre el derecho de acceso a información institucional, desde diversas perspectivas formales: la jurídica, la documental, la sociológica y la política.

Como ha señalado nuestro coordinador, la gestión de la información, y los documentos que la contienen, ha estado durante siglos sujeta al secreto. En tiempos pasados, ni tan siquiera era necesario clasificar la información, en tanto que ésta estaba disponible únicamente para quienes ejercían el poder y no era necesario justificar la inaccesibilidad a la misma; más al contrario, si cualquier particular deseaba acceder debía justificar la petición, que podía ser rechazada sin problema alguno. Si bien éstas son cuestiones que se alejan de cualquier sistema democrático que debe velar por el derecho de los ciudadanos a acceder al conocimiento de los modos en que actúan sus gobernantes y las administraciones que regentan; motivo suficiente para que el acceso a la información, a los documentos y a los archivos esté perfectamente regulada. Con esto, los ciudadanos pueden saber qué documentos existen y dónde se encuentran, aunque durante un plazo convenido de tiempo no puedan acceder a ellos.

La cuestión es que España carece de una ley de archivo estatal que los regule, así como el acceso a los mismos, lo que viene provocando desde los inicios de la democracia actual un sinnúmero de problemas, tanto a ciudadanos de a pie como a historiadores y periodistas que quieren poner a disposición de todos un conocimiento crucial para entender nuestra historia reciente. En este sentido, todos han topado hasta ahora con el mismo problema: la Ley 9/1968, de 5 de abril, de Secretos Oficiales. A su amparo, todo lo que en nuestro país se ha clasificado ha quedado vedado casi in aeternum. Una situación que ha derivado en la constante petición de modificación de dicha ley, a lo que todos los gobiernos habidos hasta el momento no se han querido enfrentar, por más que hablaran de la necesidad de un nuevo marco legislativo.

La esperanza estaba puesta en esta legislatura, toda vez que parecía haber acuerdo en provocar el ansiado cambio en lo referido a secretos oficiales. En este contexto, no hace mucho que se ha publicado el Anteproyecto de Ley de Información Clasificada, contestado desde diversos ámbitos por la falta de justificación de su urgencia y por las controversias y contradicciones suscitadas por su articulado. En la misma Exposición de Motivos se dice que la información es un valor indispensable para el desenvolvimiento de las actividades que llevan a cabo particulares y poderes políticos; pero esta información no es algo abstracto, sino que está recogida en documentos que se custodian en archivos, como han remarcado diversas asociaciones y federaciones de archiveros en las alegaciones que han presentado a esta ley, y, por tanto, debería regularse de qué forma se gestionarán dichos documentos, amén de no poder ser juez y parte quien clasifica, de modo que la desclasificación dependa de los mismos agentes que quisieron colocar un velo de secreto sobre determinados documentos, sino que debe depender de un organismo independiente. Igualmente, se insiste en que la temporalidad de la clasificación debería ser más breve que la establecida en el anteproyecto.

En definitiva, no parece que los cambios que esta ley propone vayan a ser muy significativos. Muchos episodios de nuestra Historia reciente seguirán siendo desconocidos, muchos documentos seguirán ubicados en lugares ignotos, el conocimiento de demasiados asuntos se podrá perder en la noche de los tiempos y, entre tanto, como suele ocurrir con el uso y abuso del secreto, se dará paso a la elucubración y a la desconfianza por parte de la ciudadanía hacia quienes gobiernan, mientras que los historiadores tendrán que seguir recurriendo a archivos extranjeros para estudiar nuestra Historia reciente, lo que no deja de ser un sinsentido.

A tenor de las noticias surgidas en la prensa desde que se anunció dicho anteproyecto de ley, y de las alegaciones presentadas junto a las críticas planteadas desde diversas perspectivas, parece evidente que la nueva ley puede tener un nacimiento prematuro y arriesgado, por lo que se hace necesario un análisis más profundo sobre el cambio requerido por especialistas en la materia a quienes los dirigentes deben atender para garantizar una ley moderna, democrática y que no contravenga asuntos tan cruciales como las normas internacionales de derechos humanos, entre ellos, el derecho a la información y el derecho de acceso a información.

A las cuestiones mencionadas se suman otras de igual calado y paralelas, como son el citado derecho a la información y la seguridad nacional; la libertad de expresión y la seguridad nacional; el derecho de acceso a información pública vs la seguridad nacional; la OTAN y la seguridad nacional; Hong Kong y la seguridad nacional; la información confidencial en los Estados Unidos; la guerra y la información clasificada se dedica el número 34 de nuestra revista.  Todos estos temas se ofrecieron como líneas de trabajo que, en gran parte, han quedado recogidas en este número. Esperemos que les ayuden a forjar su opinión sobre el Anteproyecto de Ley de Información Clasificada.

© Laura López de la Franca López

Universidad Complutense de Madrid

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Jesús María González Barahona, Catedrático del área de Ingeniería Telemática en la Universidad Rey Juan Carlos, impartió el pasado viernes, 2 de diciembre de 2022, una conferencia en la Facultad de Informática de la Universidad Complutense de Madrid.

La conferencia se basó en el software libre. En primer lugar, Barahona hizo una pequeña referencia acerca de los derechos de autor, puesto que cuando produces y creas un programa, tienes los derechos sobre ese programa, a través de la licencia. La licencia, explicó el conferenciante, es el permiso que cede al autor el programa, existiendo muchos tipos de licencias, como por ejemplo la BSD o la Creative Commons. El software libre carece de copyright. No tiene por qué ser gratuito, pero el usuario tiene libertad sobre ese programa para usarlo, copiarlo, modificarlo y distribuirlo a su gusto. Eso permite a los millones de desarrolladores del mundo ampliar sus posibilidades y expandir saber y conocimiento.

Barahona recalcó que el software libre es omnipresente en la industria y muy pocos lo entienden, incluso muy pocos le prestan atención. Cuando se libera un software, se da permiso a todo el mundo para usarlo. El autor otorga permiso de uso sin limitaciones en la redistribución, de estudio y modificación y de redistribución de versiones modificadas. Esto último resulta fundamental. También resulta imprescindible la disponibilidad del código fuente. Todas las licencias tienen consecuencias. Si se da el caso, por ejemplo, de que un proyecto no cumpla las funciones que los usuarios piden, puede llegar otro y modificarlo.

En el mundo del software libre, existen dos motivos que explican esta liberalidad. Por un lado, encontramos el motivo ético, al considerar el software un recurso básico de la humanidad, basada la argumentación en que “ (…) las cosas deberían ser así”. Por otro lado, tenemos el motivo práctico, utilizado en primer lugar por las empresas con el objetivo de ganar dinero, basado en que “(…) las cosas funcionan así mejor”.

Las licencias son irrevocables. Se puede disponer de licencia libre y privativa a la vez. La licencia libre se puede distribuir libremente, mientras que la privativa priva al usuario de ciertos derechos en el uso o propósito de uso, acceso al código fuente, modificación, distribución o distribución de modificaciones. Hay que tener en cuenta que, en ocasiones, las licencias repercuten en el propio modelo de negocio de la empresa.

Según Barahona, el software libre también tiene sus consecuencias, así, la sostenibilidad, siendo un modelo radicalmente distinto con el objetivo de conseguir el suficiente dinero. El modo de sostenibilidad es algo muy importante a la hora de crear un proyecto.

Otra consecuencia es la apertura del software, que puede modificarse, inspeccionarse, estudiarse, distribuirse por medio nuevos canales y nuevos métodos, desarrollarse con modelos “sorprendentes”, el mantenerse y soportarse, siendo una verdadera competencia y seguridad. Para el mantenimiento y el soporte existe mucha competencia en el mercado, puesto que en cualquier momento puede llegar otra persona y modificarlo para conseguir cierta mejoría. En cuanto a la seguridad, la seguridad por trasparecía resulta favorable para todos, según Barahona.

Barahona terminó resaltando la existencia de dos mecanismos que se encuentran trabajando a la vez en el marco del software libre: la competencia y la cooperación. Concluyó el Catedrático atribuyendo al software libre la condición de modelo de transparencia neutro.

Las nuevas normas aumentan la brecha del copyright, imponiendo ciertos límites, así publicar filtraciones, el derecho al olvido y el derecho a la información, la desinformación y los nuevos ataques o la privacidad y el secreto de las comunicaciones. Estos límites traen consigo una serie de prácticas de publicidad invasivas. En cuanto al derecho al olvido, Yolanda afirmó que las personas acusadas de corrupción tienen defensa legal y digital. Uno de los elementos para expresarse es asegurarse de que se está protegido, es decir, que no haya rastreo, pero cada vez hay más rastreadores y sus comunicaciones se encuentran menos protegidas. La Ley Orgánica 3/2018 se encarga de que nuestra actividad digital se encuentre dentro de unas garantías procesales y que exista regulación en las medidas de investigación tecnológica.

© Laura López de la Franca López

Universidad Complutense de Madrid

El movimiento tuvo además adhesiones en el Parlamento, entre ellos, Lord Byron. Lord Byron dio un discurso en la Cámara de los Lores, en 1812, donde argumentó contra un presupuesto destinado a convertir los asaltos a las fábricas en un crimen penado con la muerte, lo que se denominó como movimiento popular.

El luddismo ilustrado defendía que el sabotaje merecía la pena, ya que el sabotaje defendía al luddismo. El filósofo francés Bernard Stiegler se dedicó a pensar y actuar en el cruce entre técnica, filosofía y política mientras se encontraba en prisión. Este filósofo, intentaba ver el aspecto crucial de la tecnología.

Andoni Alonso habló acerca del concepto de software libre, puesto que es importarte por lo que llegó a implicar. Supuso un trabajo comunitario, basado en compartir, en el que una red de personas trabajaban en libertad para poder decidir en conjunto, yendo de la mano de las telecomunicaciones. “Todas las telecomunicaciones son aparatos nemotécnicos” añadió el conferenciante.

En la conferencia se habló también de marketing, conduciéndolo hacia el camino de los deseos. Nuestra individualidad nace a raíz de un contexto social, por lo tanto, hablamos de transindividualización, un sistema de control y fuerza. Un sobrino de Freud decía: “La gente no sabe lo que quiere, por lo tanto, hay que meterle consumo, marketing”. En consecuencia, podríamos decir que, en parte, internet se ha convertido en control absoluto. Tenemos el ejemplo más reciente, el COVID-19. Internet ha conseguido que los individuos sean vulnerables, aislados, individuos controlados, tal y como estaba pasando con los trabajadores y las máquinas.

Los ludditas habían llegado incluso a ser vistos como los contrarrevolucionarios de la “Revolución Industrial”. Idea de una revolución tecnológico-social en la que se oponían tanto política como reaccionariamente al capitalismo. Las máquinas que provocaron los primeros desastres ludditas han dejado a la población en la calle durante varios siglos. Una relación amor/odio entre humano y máquina.

 © Guadalupe Aguado-Guadalupe

Universidad Carlos III de Madrid (España)

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El presente trabajo se enmarca en el proyecto “Impacto de la financiación pública en la economía de las empresas mediáticas privadas. Subvenciones y publicidad institucional. Análisis del caso español (2008-2020). Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Plan Nacional de I+D+i, Programa Estatal de Generación del Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico (2019-2021). PGC2028-093887-B-I00.

Habíamos propuesto como tema para este número 33 de nuestra revista el de la Información Institucional, la Publicidad Institucional, incluso, la Propaganda. Aquí presentamos un ramillete de colaboraciones que han obtenido el mayor de los aplausos por parte de nuestros árbitros. Con ligeras modificaciones por parte de los autores y levísimos retoques técnicos en Redacción, los textos que se publican están tal cual nos llegaron. Vamos a ver que lo que ofrece la revista al lector, estudioso o curioso, en esta ocasión, es una visión bastante amplia, crítica y extraordinariamente bien fundamentada, acerca de cómo se gestiona la publicidad institucional por parte de las autoridades públicas españolas, cómo se supervisa esa gestión y, en concreto, qué diferencias hay entre la gestión estatal de la publicidad institucional y alguna gestión autonómica. Por lo tanto, la visión no es exhaustiva, pero sí es muy amplia y permite extraer conclusiones políticas, administrativas, legales y jurisprudenciales.

A esta propuesta mayoritaria se acompañan otros dos artículos sobre diferentes aspectos del derecho a la información de gran actualidad; uno, sobre minorías y libertad de expresión, en el que Antonio Rodríguez Bernal repasa la normativa internacional sobre minorías nacionales y su papel en la conformación de una democracia, a través del ejercicio del derecho a la información libremente ejercido. Otro, del Profesor Cano Montejano quien vuelve sobre la Ley General de Comunicación Audiovisual para destacar el abuso de la institución de gold-plating por parte del Gobierno de España al apartarse del principio de la no-discriminación en la regulación de la publicidad audiovisual. Ana Fernández Viso analiza la actuación de la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia, situándola histórica y actualmente en su contexto, y recorre las resoluciones e informes más significativos en el ámbito de la publicidad y de la comunicación institucional. La comparación de nuestra institución con otras extranjeras, como la portuguesa, resulta descorazonadora para nosotros. Isabel Fernández-Alonso y Marc Espín-Heras han investigado sobre la gestión de la comunicación institucional y de la publicidad comercial por parte del Gobierno de España.tanto durante el Gobierno de Mariano Rajoy, como en el actual Gobierno de Pedro Sánchez. De la comunicación institucional en Madrid se ha encargado Raúl Magallón Rosa y de la comunicación institucional en Castilla-León se ha hecho cargo Belén Galletero-Campos. Algunos trabajos más conceptuales han sido los de Guadalupe Aguado-Guadalupe, que se centra en la normativa, en la jurisprudencia y en el valor de la audiencia y su contabilización, y el de  Raúl Rojas-Andrés y Miguel Álvarez-Peralta, quienes analizan el discurso periodístico sobre la comunicación institucional. Finalmente, el toque comparado internacional viene de la mano de Aida Martori y Adriana Mutu, que realizan un análisis de la comunicación institucional en dos países de la Unión Europea, Alemania y Francia, y en el Reino Unido. 

Deseamos que esta panorámica legal, jurisprudencial, administrativa y fáctica sobre la comunicación institucional, esencial para cualquier persona interesada en el Derecho de la Publicidad o en el tema dedicado a la publicidad dentro del temario de Derecho de la Información, sea útil y formativa, además de un ejemplo de análisis criteriológico.