© Laura López de la Franca López
Universidad Complutense de Madrid
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Yolanda Quintana, periodista, cofundadora y secretaria general de la Plataforma por la Libertad de Información (PLI) y cofundadora y directora de comunicación de Cocampo, impartió, el pasado viernes, 2 de noviembre de 2022, una conferencia en la Facultad de Ingeniería Informática de la Universidad Complutense de Madrid acerca de los nuevos límites a los que se enfrenta la libertad de expresión en internet.
Durante su carrera profesional, Yolanda Quintana se ha dedicado a analizar el impacto de Internet en el activismo y en las organizaciones. Podemos observar su trayectoria en su libro Ciberactivismo: Las nuevas revoluciones de las multitudes conectadas (Catarata, 2012) y en su otro libro Ciberguerra (Catarata, 2016).
El pilar central de la conferencia es que las libertades en internet se encuentran en claro retroceso. El retroceso llega desde diferentes vías, como sería, por ejemplo, hacer humor en redes sociales, con un claro caso como fue el de Cassandra, una chica de 21 años que publicó libremente en la red social Twitter una serie de tuits en los cuales hacía bromas acerca de la muerte de Carrero Blanco. A consecuencia de este acto, la chica de 21 años fue condenada a un año de prisión.
Otros retrocesos que encontramos serían, por ejemplo, criticar a las instituciones en Internet, documentar con el móvil actuaciones policiales, organizar movilizaciones a través de internet o practicar el hacktivismo. El hacktivismo consiste en la realización de actos, normalmente maliciosos, en Internet con el objetivo de promover una serie de ideas políticas, religiosos o sociales.
Yolanda explicó cómo la alteración de webs en modo de protesta queda incluida en los delitos informáticos. También, los ataques puntuales de denegación de servicios. Del mismo modo, desafíos como la regulación de internet en asuntos del tipo de la lucha contra la desinformación y los delitos de odio, la defensa de la competencia y el pluralismo, la transparencia de los algoritmos o la reforma del copyright en Europa están amenazando el entorno digital, que durante décadas se consideraba más descentralizado.
Las nuevas normas aumentan la brecha del copyright, imponiendo ciertos límites, así publicar filtraciones, el derecho al olvido y el derecho a la información, la desinformación y los nuevos ataques o la privacidad y el secreto de las comunicaciones. Estos límites traen consigo una serie de prácticas de publicidad invasivas. En cuanto al derecho al olvido, Yolanda afirmó que las personas acusadas de corrupción tienen defensa legal y digital. Uno de los elementos para expresarse es asegurarse de que se está protegido, es decir, que no haya rastreo, pero cada vez hay más rastreadores y sus comunicaciones se encuentran menos protegidas. La Ley Orgánica 3/2018 se encarga de que nuestra actividad digital se encuentre dentro de unas garantías procesales y que exista regulación en las medidas de investigación tecnológica.
La conferenciante ha explicado cuáles son las amenazas y cómo se puede actuar frente a ellas, teniendo en consideración que internet ha sido una amenaza y las primeras amenazas fueron administrativas.
Como había dicho al principio, Yolanda Quintana es la cofundadora y secretaria general de la Plataforma por la Libertad de Información (PLI). Esta plataforma es una organización independiente dedicada a la defensa de la libertad de expresión y del derecho a la información. La plataforma se dedica a denunciar y frenar cualquier ataque contra los mismos. Formada por medios de comunicación, organizaciones de periodistas, organizaciones de abogados y organizaciones sociales y universales, la PLI se ha convertido en una referencia en cuanto a las denuncias de las vulneraciones contra la libertad de expresión e información en España. La conferenciante afirmaba Lo que termina afectando a nuestras decisiones es lo que llega al BOE.
Desde PLI defienden los derechos digitales haciendo visibles las amenazas a través de informes con el principal objetivo de intentar influir en el Parlamento Europeo. La plataforma maneja una serie de herramientas para monitorizar los ataques a la libertad de expresión, se posicionan en la movilización social, es decir, realizan un posicionamiento estratégico. PLI hace alegaciones ante un Decreto Ley, es decir, a través de una norma con rango de ley, de carácter provisional, dictada por el Gobierno cuando concurre una circunstancia de extraordinaria y urgente necesidad. Yolanda marcó las diferencias entre Decreto Ley, Ley Orgánica y Ley ordinaria para poder entender el frente de actuación.
Internet ha supuesto nuevas posibilidades para el activismo y la comunicación sociopolítica, un mayor control y escrutinio de poderes puesto que antes únicamente está en mano de los periodistas. La tecnología ha permitido nuevas formas de organización, un nuevo ecosistema informativo y nuevas formas de movilización social.
Yolanda nos presentó la Digital Services Act (Norma de Servicios Digitales), un nuevo cambio de paradigma que afronta una serie de retos que se han resuelto a través de normas. La DSA tiene como objetivo crear un espacio digital seguro donde los derechos fundamentales de los usuarios se encuentren protegidos. El 16 de noviembre de 2022, los grandes oligopolios de Internet están obligados a presentar técnicas de MODERACIÓN (control) de sus contenidos. La Norma de Servicios Digitales será directamente aplicable en toda la Unión Europea a partir del 1 de enero de 2024 por tratarse de un Reglamento.
El primer reto es el propio cambio del paradigma. El segundo reto es luchar contra el copyright y el tercero es luchar contra la desinformación. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad repitió Yolanda en varias ocasiones. Los nuevos límites de copyright suponen también un cambio en el paradigma, en la clasificación de los prestadores de servicios de intermediación como proveedores de los contenidos aportados por sus usuarios. La desinformación es una de las mayores preocupaciones de los países democráticos, puesto que detrás de la desinformación se encuentran, en numerosas ocasiones, estrategias para manipular a la opinión pública y erosionar la estabilidad de las instituciones y de los Estados. La lucha contra la desinformación trajo consigo la elaboración de un Plan de Acción con el objetivo principal del desarrollo de capacidades en el seno de la Unión y fortalecer la cooperación entre sus Estados miembros. El Plan de Acción, además, incluye una serie de medidas para hacer frente a la desinformación durante ciertos procesos.
La DSA tiene un fin legítimo, persigue el principio de legalidad a través de normas claras y concisas y el principio de recuperar la libertad de expresión. La conferenciante puso como ejemplo lo ocurrido con los dos jóvenes titiriteros que exhibieron en 2016 una pancarta en la que se podía leer “Gora Alka- ETA” durante una función infantil en una plaza de Madrid. Los dos jóvenes pasaron su primera noche en prisión, seguidamente el juez les imputó el delito por enaltecer el terrorismo.
Digital Services Act no impone una obligación general de control y supervisión de los contenidos. Recoge peticiones que la LPI viene planteando en lo relativo a la MODERACIÓN y retirada de contenido por parte de las plataformas como, por ejemplo, que se les impongan obligaciones de transparencia o la existencia de cauces sencillos y accesibles para que los usuarios tengan la posibilidad de reclamar. Las plataformas por muy privadas que sean, están obligadas a seguir estos cauces aclaraba Yolanda.
La conferenciante nos comentó cómo la DSA prevé que las grandes plataformas evalúen los riesgos sistémicos que genera el mal uso de las mismas. Una vez identificados estos riesgos, las plataformas deben tomar las medidas necesarias para mitigarlos.